Estado de Excepción de Alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) hasta el 02/12/2020

El Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional se decreta dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen.

Último decreto No. 4.361 en vigencia a partir de su publicación (Ver Gaceta Oficial Aquí), durante 30 días, prorrogables por igual período, hasta tanto se estime adecuada el estado de contención de la enfermedad epidémica coronavirus (COVID-19) o sus posibles cepas, y controlados sus factores de contagio.

Decreto

Fecha

Gaceta Oficial

Fecha

Contenido

4.160

13/03/2020

Ext. 6.519

13/03/2020

Primer decreto

4.186

12/04/2020

Ext. 6.528

12/04/2020

Prórroga

4.198

12/05/2020

Ext. 6.535

12/05/2020

Segundo decreto

4.230

11/06/2020

Ext. 6.542

11/06/2020

Prórroga

4.247

10/07/2020

Ext. 6.554

10/07/2020

Tercer decreto

4.260

08/08/2020

Ext. 6.560

08/07/2020

Prórroga

4.286

06/09/2020

Ext. 6.570

06/09/2020

Cuarto decreto

4.337

05/10/2020

Ext. 6.579

05/10/2020

Prórroga

4.361

03/11/2020

Ext. 6.590

03/11/2020

Quinto decreto

 

ALGUNAS DISPOSICIONES DE INTERÉS

Las personas naturales, así como las personas jurídicas privadas, están en la obligación de cumplir lo dispuesto en este Decreto y serán individualmente responsables cuando su incumplimiento ponga en riesgo la salud de la ciudadanía o la cabal ejecución de las disposiciones de este Decreto (artículo 5).

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá ordenar restricciones a la circulación en determinadas áreas o zonas geográficas, así como la entrada o salida de éstas, cuando ello resulte necesario como medida de protección o contención del coronavirus COVID-19 (artículo 7). 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá ordenar la suspensión de actividades en determinadas zonas o áreas geográficas.

Dicha suspensión implica además la suspensión de las actividades laborales cuyo desempeño no sea posible bajo alguna modalidad a distancia que permita al trabajador desempeñar su labor desde su lugar de habitación (artículo 8).

La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN divulgará por todos los medios disponibles las condiciones de prestación de los servicios de banca pública y privada, así como el régimen de suspensión de servicios, incluidos los conexos, y el de actividades laborales de sus trabajadores (artículo 9).

Sectores que no serán objeto de la suspensión indicada en el artículo 8 (artículo 9):

1. Producción y distribución de energía eléctrica, de telefonía y telecomunicaciones, de manejo y disposición de desechos y, en general, las de prestación de servicios públicos domiciliarios.

2. Expendios de combustibles y lubricantes.

3. Actividades del sector público y privado prestador de servicios de salud.

4. Farmacias de turno y expendios de medicina.

5. Traslado y custodia de valores.

6. Empresas que expenden medicinas de corta duración e insumos médicos, dióxido de carbono (hielo seco), oxígeno (gases o líquidos necesarios para el funcionamiento de centros médicos asistenciales).

7. Cadena de distribución y disponibilidad de alimentos perecederos y no perecederos a nivel nacional.

8. Sistema Portuario Nacional.

9. Transporte de agua potable y los químicos necesarios para su potabilización.

10. Expendio y transporte de gas de uso doméstico y combustibles destinados al aprovisionamiento de estaciones de servicio de transporte terrestre, puertos y aeropuertos.

11. Producción, procesamiento, transformación, distribución y comercialización de alimentos perecederos y no perecederos, emisión de guías únicas de movilización, seguimiento y control de productos agroalimentarios, acondicionados, transformados y terminados, el transporte y suministro de insumos para uso agrícola y de cosechas de rubros agrícolas, y todas aquéllas que aseguren el funcionamiento del Sistema Nacional Integral Agroalimentario.

La suspensión o interrupción de un procedimiento administrativo como consecuencia de las medidas de suspensión de actividades o las restricciones a la circulación que fueren dictadas no podrá ser considerada causa imputable al interesado, pero tampoco podrá ser invocada como mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones de la administración pública. En todo caso, una vez cesada la suspensión o restricción, la administración deberá reanudar inmediatamente el procedimiento (DISPOSICIÓN FINAL SEXTA).

La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus, creada mediante el Decreto N° 4.160, de fecha 13 de marzo de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.519 Extraordinario, de la misma fecha, se mantiene con el objeto de coordinar y asesorar todo lo relativo a la implementación de las medidas que sean necesarias adoptar para frenar y controlar la propagación de la pandemia del Coronavirus (artículo 30).

Se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia a tomar las previsiones normativas pertinentes que permitan regular las distintas situaciones resultantes de la aplicación de las medidas de restricción de tránsito o suspensión de actividades y sus efectos sobre los procesos llevados a cabo por el Poder Judicial o sobre el funcionamiento de los órganos que lo integran (DISPOSICIÓN FINAL QUINTA).

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia Nº 0162 de fecha 20/11/2020 publicada en su Página Web www.tsj.gob.ve, se declaró competente para conocer la CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 4.361 y decidió que el mismo entró en vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el texto Constitucional.